Por el conflicto de los paros en ese Poder, se dispuso que los funcionarios de cada tribunal atiendan las áreas sin servicio.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó a jueces y funcionarios que aseguren el funcionamiento de los juzgados de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.
El máximo tribunal provincial dispuso esa medida a través de una resolución en la que recordó que "el derecho de peticionar y el de huelga deben ejercitarse de modo que no afecten otros de igual jerarquía constitucional".
Destacó en la resolución que la administración de Justicia no puede ni debe menoscabarse en grado tal "que se imposibilite su desenvolvimiento adecuado", y postuló que "el derecho de peticionar y el de huelga deben ejercitarse de modo que no afecten otros de igual jerarquía constitucional".
Las medidas de protesta de los empleados judiciales de la provincia de Buenos Aires en demanda de mejoras salariales lleva más de 50 días, lo que motivó días atrás que el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires presentara un amparo en pos de que sea garantizado el servicio de justicia ante el reclamo de sus representados.
"Los titulares y funcionarios pertinentes deberán asegurar la atención de las mesas de entradas, que permanecerán abiertas durante toda la jornada judicial y en caso que los empleados no presten servicio, estar a disposición de los letrados para su atención", precisó la resolución de la Corte bonaerense.
También, remarcó que "la atención de las mesas receptoras de escritos judiciales o escritos electrónicos deberá ser garantizada por el funcionario a cargo".
Además, precisó que los jefes de las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones de todos los Departamentos judiciales, y los jueces de Paz que deberán recibir todas las cédulas y mandamientos y darles la debida tramitación.
Por otro lado, instó a los magistrados a que extremen los recaudos para garantizar la celebración de todas las audiencias, como así también el dictado de las providencias y encomendó a las Cámaras de Apelaciones el control efectivo del cumplimiento de lo dispuesto.
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