Los gremios estatales de la ley 10.430 que no firmaron el acuerdo salarial con la Provincia, ATE, Soeme y Cicop, presentaron este viernes una denuncia contra el gobierno bonaerense.
Según lo planteado desde ATE, el Ejecutivo provincial incurrió en los delitos de falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica.
La denuncia, que recae sobre el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas y el subsecretario de Negociación Colectiva, Carlos Di Paolo, surge según el gremio a raíz de una serie de irregularidades por adulteración cometidas desde el gobierno al cerrar la paritaria de los trabajadores estatales de manera ilegal y arbitraria en marzo pasado.
Dichas alteraciones, que van desde el fraguado de actas hasta la interpretación tergiversada de notas presentadas por distintos gremios, llevaron a que ATE elevara el tema a la justicia penal, máxime cuando en el día de ayer y una vez reabierta la paritaria desde la entidad gremial observaron nuevamente maniobras irregulares por parte de los mismos funcionarios involucrados en la causa penal para cerrar la paritaria, en un intento de ratificar el 15% de aumento.
“Entendemos que los hechos que se han dado en el marco de la negociación paritaria están plagados de irregularidades y muestran cierto desprecio del gobierno para con los trabajadores del Estado, además de un grado de impunidad para cerrar un aumento salarial miserable y condenar a las familias de los estatales a penurias”, señaló el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.
El equipo jurídico de ATE, encabezado por el doctor Marcelo Ponce Núñez, denunció ante el fuero penal la adulteración de las actas paritarias de los días 3 y 11 de marzo en las que se pueden observar cambios de nombres, ausencia de firmas y otras incongruencias.
Debido a ello, el sindicato pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 293 del Código Penal la falsificación de documentos públicos puede ser penada con prisión de entre uno y seis años.
“Están dispuestos a cualquier cosa para descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Por esto, fueron capaces de violentar la Ley Paritaria para imponer un 15% de hambre y con esto intentar aplacar el conflicto con los estatales”, apuntó de Isasi.
Los tres fallos judiciales que ordenaban al gobierno provincial reabrir la paritaria moldearon la decisión de la provincia de convocar a otra instancia de negociación para el pasado 5 de mayo.
“Ayer se reabrió la paritaria más porque el gobierno no tenía otra oportunidad que por la propia convicción de hacerlo. Volvieron a instalar claramente un operativo para cerrarla con el 15%, queriendo que firmemos un acta sin contemplar las mayorías de afiliaciones y además con los mismos funcionarios que hoy están denunciados penalmente”, dijo de Isasi.
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