La Vicepresidenta III de la Cámara de Diputados de la Provincia, Patricia Cubría, mantuvo una reunión con la Coordinadora del Observatorio de violencia de género de la Defensoría del Pueblo, Laurana Malacalza, para avanzar en la construcción de una agenda en común para la erradicación de dicha problemática social.
En el encuentro, realizado en la Legislatura bonaerense, se planteó la necesidad de establecer una alianza concreta entre el trabajo del Observatorio de Género y la actividad parlamentaria. Además, se habló de generar estrategias de comunicación para visibilizar distintas problemáticas que refieren a la temática de género.
Al respecto, Cubría destacó que “la reunión fue sumamente positiva porque pudimos compartir distintas iniciativas que potencian el trabajo que venimos realizando cada una en el territorio y en la Legislatura”. A su vez, la legisladora reivindicó “el compromiso y el esfuerzo del equipo del Observatorio de Género en su construcción cotidiana para combatir la violencia hacia las mujeres”.
Por su parte, la licenciada Laurana Malacalza expresó que “desde el Observatorio necesitamos construir una articulación con el campo legislativo para que nuestras propuestas que desarrollamos a partir del monitoreo de las políticas públicas se puedan llevar a la práctica”. Y detalló “la Provincia debe crear por ley Unidades Fiscales especializadas en violencia de género en todos los Departamentos judiciales”.
Asimismo, Cubría y Malacalza expresaron su preocupación por algunas políticas públicas regresivas con respecto a la implementación de la ley 14.738 de “cupo laboral Trans”. En este sentido, la legisladora se comprometió a participar de la jornada que se realizará la semana entrante para visibilizar y reclamar por el despido arbitrario de Valentina Pereyra, integrante de la comunidad Trans, por parte de la Municipalidad de La Plata.
Por último, la Coordinadora del Observatorio de Género manifestó su apoyo al proyecto de ley impulsado por la diputada Cubría que establece una pensión y otorga una cobertura de salud a hijos de víctimas de femicidio. “El Estado tiene la obligación de tener una política de prevención, y cuando no lo logra, debe tener una instancia reparatoria” finalizó.
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