Según explicó a Télam el subsecretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr, autor de las resoluciones 61 y 62 publicadas esta mañana en el Boletín Oficial, el Gobierno tomó la decisión luego de ver que los contratistas "no producían el volumen de certificados de realización correspondientes, no avanzaban porque no les convenía el precio", dada la inflación de los costos y la "paralización" del flujo de fondos desde septiembre del año pasado.
Una de las dos resoluciones apunta a los casos de "25.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente el conurbano", y decreta la rescisión de contratos "para que sea más fácil poder terminarlas y producir empleo", agrega Kerr.
Igualmente, remarca que la rescisión no implicará "dejar de averiguar qué pasó en cada caso", como quedó establecido en el artículo 2 de la resolución: "Que la Secretaría de Vivienda determine las causas de la paralización o el no inicio de las obras, a fin de adoptar las medidas que correspondieren, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan".
A través del DNU firmado por el presidente Mauricio Macri en mayo pasado, se favoreció la redeterminación de precios de todos los contratos, en una medida "consensuada con la Cámara de la Construcción y la UOCRA", aunque para Kerr "no logró el efecto deseado de reactivación, porque todos los precios quedaron viejos y las obras seguían sin avanzar".
Por ello, todas las viviendas no concretadas o a medio hacer se adecuarán "al 90% de su valor": "Con esto le estamos diciendo a todos los entes ejecutores de viviendas, a las provincias y a los municipios, que si tienen viviendas no viables, las traigan y se les readecúa el valor hasta el 90% y se le redetermina el precio".
"Son unas 50.000 viviendas ralentizadas en todo el país, que o van muy lento o no se logran terminar. Cuando el gobierno de Cristina no pagó y se frenaron quedaron con valores viejos y ahora hubo que recomponer. El kirchnerismo en vez de concretar las viviendas, otorgaba nuevas y así se sumaban pero no terminaban", añadió.
Según Kerr, se detectaron en la provincia de Buenos Aires viviendas no terminadas que datan de 2005, y de ese año en adelante, la mayoría en el conurbano bonaerense, las cuales requerirán un nuevo convenio tras la rescisión del contrato.
El valor que estima Interior por metro cuadrado de vivienda son 12 mil pesos, y calculan que su concreción producirá en promedio dos puestos y medio de trabajo por unidad (alrededor de medio millón).
El plan es impulsado por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio (la Secretaría de Vivienda funciona bajo su órbita), con la mira puesta "no sólo en la reactivación de la industria de la construcción sino también en el impacto político que esto generará", señalaron a Télam desde la Rosada.
De hecho, se espera para septiembre próximo un acto que formalice la culminación de estas obras, en una puesta en escena con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Frigerio e intendentes del conurbano (en su mayoría peronistas), en otro gesto que busca "consolidar a Vidal y su relación con el peronismo de la provincia".
En sintonía con la idea de retomar lo abandonado, Frigerio y los ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Juan José Aranguren (Energía) se reunieron ayer en el marco de la Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de precios en varios proyectos de infraestructura . A esta adecuación está abocado el ex referente económico del massismo y hoy funcionario de Interior, Ricardo Delgado.
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