Los funcionarios públicos y personal jerárquico de la policía y el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires cuentan con otros 60 días para presentar su declaración jurada de patrimonial, por decisión de la gobernadora.
La decisión de extender por 60 días hábiles el plazo de presentación que vencía este lunes se adoptó debido a que "el plazo establecido para el cumplimiento de la presentación ha resultado exiguo, por lo cual es necesaria su prórroga a fin de viabilizar el cumplimiento en tiempo y forma y fortalecer el régimen".
La obligación de presentar la declaración jurada patrimonial alcanza a unos 55 mil agentes de la administración pública, entre los que se encuentra la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados.
También contempla a subsecretarios y "todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430".
Además, deben presentarla "el escribano general de Gobierno y el escribano adscripto superior, el asesor general de Gobierno y el asesor ejecutivo, el contador general de la Provincia y el subcontador, el tesorero general de la Provincia y el subtesorero".
El decreto de Vidal contempla además al fiscal de Estado y los fiscales de Estado adjuntos, los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo, el personal superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, inclusive Empresas del Estado, con jerarquía igual o superior a subdirector o subgerente.
Asimismo, "el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría".
Obliga además al personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos y todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, entre otros.
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